La prescripción es un concepto jurídico que establece el plazo máximo en el que una infracción o una sanción puede ser perseguida o ejecutada por las autoridades. La prescripción implica que, una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya actuado, la infracción o la sanción deja de ser exigible, extinguiéndose la responsabilidad del infractor. A continuación, se detalla de forma clara y precisa qué es la prescripción, los plazos aplicables a las infracciones y sanciones de tráfico, y los casos en los que una sanción puede pasar a la vía ejecutiva, incluyendo el plazo de prescripción correspondiente.
Qué es el plazo de prescripción
La prescripción es el mecanismo legal por el cual una infracción o una sanción pierde su vigencia debido al paso del tiempo, siempre que no se haya iniciado el procedimiento correspondiente dentro de los plazos establecidos. En el contexto de las infracciones de tráfico, se distinguen dos tipos de prescripción: la prescripción de la infracción (que afecta la posibilidad de sancionar al infractor) y la prescripción de la sanción (que afecta la exigibilidad de la multa impuesta).
La regulación de estos plazos en la legislación española se encuentra principalmente en la Ley de Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 6/2015) y en el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (Real Decreto 320/1994), que establecen los plazos y las condiciones aplicables.
Plazos de prescripción de las infracciones de tráfico
Las infracciones de tráfico son los actos que contravienen las normas de circulación establecidas, como exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol o no respetar una señal de tráfico. El plazo de prescripción de una infracción de tráfico determina el tiempo máximo que tiene la administración para notificar al infractor la apertura de un expediente sancionador. Según la gravedad de la infracción, los plazos son los siguientes:
- Infracciones leves: 3 meses.
- Infracciones graves: 6 meses.
- Infracciones muy graves: 1 año.
Estos plazos comienzan a contar desde el día en que se comete la infracción. Si la administración no notifica al infractor dentro de este período, la infracción prescribe y no puede iniciarse un procedimiento sancionador. Es importante destacar que la notificación debe realizarse de manera correcta, generalmente por correo certificado al domicilio del infractor o mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o el Testra (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico) si no es posible la notificación directa. Las infracciones de tráfico tienen generalmente la consideración de infracciones graves y muy graves, por lo que el plazo de prescripción es de entre seis meses y un año.
Interrupción de la prescripción de la infracción
El plazo de prescripción puede interrumpirse si la administración realiza alguna actuación formal, como la notificación del inicio del expediente sancionador. Una vez interrumpido, el plazo vuelve a empezar desde cero. Sin embargo, si la administración no actúa con diligencia y el procedimiento se paraliza por un período prolongado (más de un año sin actividad), el procedimiento puede caducar, lo que también extingue la responsabilidad del infractor.
Plazos de prescripción de las sanciones de tráfico
Una vez que la infracción ha sido notificada y se ha impuesto una sanción (como una multa económica o la retirada de puntos del permiso de conducir), esta sanción también está sujeta a un plazo de prescripción. La prescripción de la sanción se refiere al tiempo máximo que tiene la administración para exigir el cumplimiento de la sanción impuesta, como el pago de una multa.
En España, el plazo de prescripción de las sanciones de tráfico es de un año. Este plazo comienza a contar desde el momento en que la resolución sancionadora adquiere firmeza, es decir, cuando ya no cabe recurso administrativo o judicial contra la sanción, o cuando el infractor no presenta alegaciones dentro del plazo establecido.
Interrupción de la prescripción de la sanción
Al igual que con las infracciones, el plazo de prescripción de la sanción puede interrumpirse si la administración realiza actuaciones pera exigir su cumplimiento, como el envío de una notificación de cobro o el inicio de un procedimiento de apremio. Cada actuación administrativa reinicia el cómputo del plazo de un año.
La vía ejecutiva en las sanciones de tráfico
Cuando un infractor no paga voluntariamente una multa de tráfico dentro del plazo establecido, la administración puede iniciar la vía ejecutiva para reclamar el importe de la sanción. La vía ejecutiva es un procedimiento administrativo de cobro forzoso que permite a la administración tomar medidas como el embargo de cuentas bancarias, bienes, salarios o devoluciones del IRPF para garantizar el pago de la multa.
La vía ejecutiva comienza con la notificación de una providencia de apremio por parte de la AEAT, que informa al infractor de que se ha iniciado este procedimiento y le otorga un nuevo plazo para pagar la multa, ahora con un recargo sobre el importe total. Si el infractor no paga en este plazo, la administración puede proceder al embargo.
Plazo de prescripción en la vía ejecutiva
El plazo de prescripción en la vía ejecutiva es de 4 años, contados desde que la resolución sancionadora es firme. Sin embargo, este plazo se interrumpe cada vez que la administración realiza una actuación para reclamar el pago, como la emisión de la providencia de apremio o la notificación de un embargo. Si no se realizan actuaciones durante 4 años consecutivos, la deuda prescribe y la administración pierde el derecho a reclamarla.
En la práctica, la vía ejecutiva puede prolongarse durante años si la administración actúa de forma periódica para reclamar el pago. Por ejemplo, si se embargan cuentas bancarias pero no se encuentra saldo suficiente, la administración puede continuar intentando el cobro en el futuro, reiniciando el plazo de prescripción con cada nueva actuación.
Conclusión
La prescripción de las infracciones y sanciones de tráfico en España es un mecanismo que garantiza que las autoridades puedan exigir el cumplimiento de las normas de tráfico dentro de unos plazos razonables. pero también protege al ciudadano frente a la inactividad de la administración. Las infracciones de tráfico prescriben a los seis o doce meses, dependiendo de su gravedad, mientras que las sanciones tienen un plazo de prescripción de un año en periodo de pago voluntario y de cuatro años en vía ejecutiva. Es fundamental que los conductores estén informados sobre estos plazos para gestionar adecuadamente cualquier sanción que reciban.