La recaudación por multas de DGT ha superado los 500 millones de euros por segundo año consecutivo. La cifra corresponde a 2023, año en que se pusieron más de 5.200.000 multas (un 6,67 menos que en 2022), pero la recaudación volvió a superar los 500 millones de euros por segunda vez en la historia. Los datos se conocen con tanto retraso porque el procedimiento administrativo que sigue a la imposición de una multa puede alargarse durante semanas o incluso meses.
Para valorar la cifra de 500 millones de euros es importante recordar que DGT no tiene competencias para multar en ocho provincias españolas (siete en el año al que se refieren los datos). En Cataluña, por ejemplo, el Servicio Catalán de Tráfico impuso más de 750.000 multas en 2022, una cifra por provincia mucho más elevada que las impuestas por DGT en el territorio de su competencia. Si DGT multase al mismo ritmo que el SCT se habrían puesto más de dos millones de multas adicionales, elevando la recaudación en unos 200 millones de euros.
¿Dónde va a parar el dinero de las multas de tráfico?
De acuerdo con la legislación vigente el importe de las multas de tráfico debe destinarse a la seguridad vial, pero la falta de transparencia de DGT impide conocer el destino final de esos 500 millones de euros. En Málaga, por ejemplo, está instalado uno de los radares que más multas ponen de España, pero las autoridades locales se quejan de que eso no se traduzca en una mejora palpable de las infraestructuras viales de la provincia.
En los últimos años es palpable el deterioro de vías como la A-6, en la que un viaducto que comunicaba León con Galicia tuvo que ser derribado ante el riesgo de que colapsara. La reconstrucción de una infraestructura tan sensible se demoró más de dos años, y este caso es sólo un ejemplo del deficiente mantenimiento de vías fundamentales para nuestro país como las autovías A-4 o la citada A-6.